Para quien firma las reglas: socios de estudio, escribanos, gerencias, mutualistas e intendencias
Hoy el límite lo marca cada funcionario, sin que nadie lo haya escrito.
La escribana que resume un compromiso de compraventa, el administrativo de la mutualista que ordena una historia clínica, el técnico de la intendencia con un expediente abierto: todos ya le piden una mano a ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini. Nonimo deja que lo sigan haciendo y, en el momento del envío, cambia nombres, cédulas, RUT y números de expediente por marcadores. Del otro lado llega únicamente el texto con marcadores.
Lo que pasa cuando se prohíbe
Un correo de la gerencia que dice «prohibido usar ChatGPT con información de clientes» suele tener un efecto curioso: la IA se sigue usando, pero pasa a la cuenta personal de cada uno, abierta en el celular o en la computadora de la casa. Ahí ya nadie puede saber qué se pegó ni dónde termina guardado.
Lo razonable es lo contrario: autorizarla, y que la protección actúe antes de que el dato del cliente se vaya del equipo.
Primera etapa
Informática, propia o tercerizada, distribuye la extensión de Nonimo por política a los Chrome y Edge de ese sector. Trabaja sola: actúa adentro de la página de la IA, justo antes del envío. Quien prefiera hacerlo con un atajo de teclado tiene además la app para Windows y Mac.
No lleva drivers, no desvía el tráfico por un proxy y no pide certificados raíz.
Con ese sector andando, el resto de la organización recibe la misma extensión por la misma vía. Y si el equipo de desarrollo tiene programas propios que consultan la API de OpenAI, la pieza para eso es Nonimo Gateway, instalado en un servidor de la casa.
En el día a día
Abren ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini como lo venían haciendo, sin cursos de por medio. Cada marcador queda a la vista antes de enviar y, si alguno sobra, con un clic vuelve el dato original.
Qué datos personales se tapan y por qué, contado con los papeles de cada sector.
Para leer antes
Qué herramientas quedan autorizadas, qué información no se pega jamás, quién la firma y cómo se comunica al personal.
En Uruguay no hay una ley específica de IA; manda la de protección de datos personales. Qué significa eso si en la oficina se usa ChatGPT o Copilot.
No puede. Cuando informática la pone por política, la instalación forzada de Chrome y de Edge impide que el usuario la quite o la deshabilite. La app de escritorio, en cambio, es opcional y la abre quien quiera; lo que llega a todo el sector es la extensión.
Sí: el área de sistemas de la casa o el proveedor que les atiende las computadoras. La extensión se distribuye por política igual que cualquier otra gestionada, y no lleva drivers, ni proxy, ni certificados raíz. ¿No tienen proveedor? Los ponemos en contacto con un integrador.
No hace falta. Cada uno usa ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini de la misma forma que ahora. Los marcadores se ven en pantalla y, si sobra alguno, un clic devuelve el dato original.
No pasan. El reemplazo se hace en la computadora de cada funcionario: la IA recibe el texto con marcadores, la información de los clientes se queda en ese equipo y Nonimo nunca ve el texto.