Ley 19.628 de protección de datos: qué exige y qué cambia

Si alguna vez te llamaron de una empresa con la que nunca hablaste, o te enteraste de que una deuda pagada seguía apareciendo en un informe comercial, ya sabes para qué sirve la Ley 19.628. Es la norma chilena que dice quién puede usar tus datos personales, para qué, y qué puedes exigir cuando los usan mal.

Del otro lado del escritorio, esa misma ley se convierte en obligaciones. Si tienes un estudio jurídico, una oficina contable, una corredora de propiedades o un centro médico, guardas datos de clientes, pacientes y trabajadores, y la Ley 19.628 te dice cómo cuidarlos y qué responder cuando alguien pregunta por los suyos. Las notarías tienen además reglas propias, que repasamos en inteligencia artificial en notarías.

Esta guía es el punto de partida de todas las que tenemos sobre protección de datos en Chile. Explica qué exige la ley hoy, qué derechos tiene cada persona y cómo se ejercen, y qué cambia con la Ley 21.719, la reforma que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026, salvo que se apruebe la prórroga en trámite. Al final vemos qué pasa cuando esos datos terminan en un chat de inteligencia artificial, que es donde hoy se escapan sin que nadie lo note.

Ley 19.628: qué es y a quién se aplica

La Ley 19.628, «sobre protección de la vida privada», se publicó en el Diario Oficial el 28 de agosto de 1999. Fue la primera ley chilena de datos personales y, con algunos cambios, es la que rige hoy. Su artículo 1 dice que el tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos, por organismos públicos o por particulares, se sujeta a sus disposiciones, y que toda persona puede tratar datos personales siempre que lo haga de manera concordante con la ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico.

En la práctica, se aplica a casi cualquiera que guarde información de personas de forma organizada: la planilla de clientes de una pyme, la ficha de un paciente, la base de arrendatarios de una corredora, la carpeta de trabajadores de una empresa. Quedan fuera sólo el ejercicio de las libertades de opinar e informar, que tienen su propia ley. Cómo se aplica a la carpeta de trabajadores cuando entra la IA lo vemos en la guía de IA para recursos humanos.

Desde 2018, además, la protección de los datos personales es un derecho constitucional. La Ley 21.096 reformó el artículo 19 Nº 4 de la Constitución, que hoy asegura «el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales».

Y desde diciembre de 2024 la ley tiene fecha de recambio. La Ley 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024, reescribe gran parte de la 19.628, le cambia el nombre a «sobre protección de los datos personales» y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Mientras esa reforma no entre en vigencia, la regla es la que explicamos a continuación.

Ley 19.628 resumen: las definiciones que importan

Casi todas las dudas sobre la ley se resuelven con su artículo 2, que define los conceptos. Estos son los que más se usan en una oficina:

• Dato personal (letra f): los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. El nombre, el correo, el celular, la dirección, el número de carnet y el RUT de tu cliente entran sin discusión.
• Dato sensible (letra g): los que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
• Titular de los datos (letra ñ): la persona natural a la que se refieren los datos. Tus clientes son titulares de los datos que guardas de ellos.
• Responsable del registro o banco de datos (letra n): la persona natural o jurídica, o el organismo público, a quien compete decidir sobre el tratamiento. Si tienes una empresa, eres tú.
• Tratamiento de datos (letra o): cualquier operación, automatizada o no, que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir o cancelar datos, o utilizarlos en cualquier otra forma. Copiar un correo de un cliente y pegarlo en otra parte ya es tratamiento.
• Procedimiento de disociación (letra l): todo tratamiento de datos de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
• Fuentes accesibles al público (letra i): registros o recopilaciones de datos, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.

Que una persona sea «identificable» es lo que más se olvida. No hace falta el nombre para que un dato sea personal: una dirección, un cargo poco común o una combinación de detalles pueden bastar. Cómo se saca de verdad a una persona de un texto lo explicamos en anonimización y disociación de datos.

Qué exige hoy la Ley 19.628

La ley vigente es corta y bastante directa. Estas son las reglas que tiene que cumplir cualquier responsable de datos.

Autorización o ley (artículo 4). Los datos personales sólo se pueden tratar cuando la ley lo autoriza o el titular consiente expresamente. La persona que autoriza debe ser informada del propósito del almacenamiento y de su posible comunicación al público, la autorización debe constar por escrito y se puede revocar, también por escrito. Hay excepciones: no requieren autorización los datos de fuentes accesibles al público cuando son de carácter económico, financiero, bancario o comercial, los listados que sólo indican la pertenencia a un grupo, la profesión, los títulos, la dirección o la fecha de nacimiento, y los necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa.

Finalidad (artículo 9). Los datos deben usarse sólo para los fines para los cuales se recolectaron, salvo que provengan de fuentes accesibles al público. Y la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular.

Secreto (artículo 7). Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, en organismos públicos o privados, están obligadas a guardar secreto sobre ellos cuando provienen de fuentes no accesibles al público, y esa obligación no termina cuando dejan ese trabajo. La secretaria que lleva la agenda del estudio y el practicante que ordena las carpetas están obligados igual que el socio. Rige igual en un servicio público, como vemos en la IA en municipalidades.

Mandato (artículo 8). Si el tratamiento lo hace otro por encargo tuyo, como el proveedor del software contable o el de la nube, el mandato debe darse por escrito, dejando constancia de las condiciones de uso de los datos, y el mandatario debe respetarlas.

Datos sensibles (artículo 10). No pueden ser objeto de tratamiento, salvo que la ley lo autorice, que exista consentimiento del titular o que sean necesarios para determinar u otorgar beneficios de salud que correspondan a su titular. Lo desarrollamos en la guía de datos sensibles.

Diligencia (artículo 11). El responsable de los registros o bases donde se almacenan datos personales debe cuidarlos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños. Es una frase corta con mucho peso: si una base se filtra por descuido, el artículo 11 es el que abre la puerta a la indemnización.

Eliminación (artículo 6). Los datos deben eliminarse o cancelarse cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado, y modificarse cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos.

Derechos ARCO en Chile: lo que puedes pedir hoy

En Chile se habla de «derechos ARCO» por costumbre, aunque la Ley 19.628 no usa esa sigla. Lo que reconoce su artículo 12 son cuatro derechos frente a quien sea responsable de un banco de datos:

1. Información. Exigir información sobre los datos relativos a tu persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los que se transmiten regularmente.
2. Modificación. Si tus datos son erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así lo acreditas, tienes derecho a que se modifiquen.
3. Eliminación. Puedes exigir que se eliminen cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estén caducos.
4. Bloqueo. Puedes pedir la eliminación o el bloqueo cuando entregaste tus datos voluntariamente o se usan para comunicaciones comerciales y no quieres seguir figurando en ese registro, de modo definitivo o temporal.

La información, la modificación y la eliminación son absolutamente gratuitas, y el responsable debe entregarte, si lo pides, copia del registro alterado en la parte pertinente. Si los datos modificados o eliminados ya se habían comunicado a otras personas, el responsable debe avisarles a la brevedad.

Dos reglas cierran el sistema. El artículo 13 dice que estos derechos no pueden limitarse por ningún acto o convención: una cláusula del contrato que diga «renuncio a pedir mis datos» no vale. Y el artículo 15 marca los límites: no procede pedir información, modificación, cancelación o bloqueo cuando impida las funciones fiscalizadoras de un organismo público, afecte la reserva o el secreto establecidos por ley, la seguridad de la Nación o el interés nacional, ni modificar o cancelar datos almacenados por mandato legal. Y si usas IA con datos de clientes, lo sano es decirlo desde el principio, por ejemplo con una cláusula de IA en el contrato.

Cómo ejercer tus derechos hoy, paso a paso

Si quieres saber qué datos tuyos tiene una empresa o que los corrija o elimine, el camino actual tiene cuatro pasos.

1. Identifica al responsable. Es quien guarda la base: la empresa, el banco, la clínica, la corredora. Si es un organismo público, muchos tienen un formulario propio; el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, publica el suyo en ChileAtiende.
2. Haz la solicitud por escrito y guarda constancia. Un correo con acuse de recibo, una carta entregada en oficina de partes con timbre o un formulario que entregue número de ingreso. Indica qué derecho ejerces y acompaña tu identificación.
3. Espera dos días hábiles. Es el plazo del artículo 16 para que el responsable se pronuncie.
4. Si no responde, o deniega por una causa distinta de la seguridad de la Nación o el interés nacional, recurre al juez. El artículo 16 permite reclamar ante el juez de letras en lo civil del domicilio del responsable. La reclamación debe señalar la infracción y los hechos, con la prueba que tengas; el responsable tiene cinco días hábiles para presentar descargos, y la sentencia es apelable.

Si la causal para negarse es la seguridad de la Nación o el interés nacional, la reclamación va directo a la Corte Suprema.

Ley 19.628 y DICOM: deudas, protestos y cinco años

Buena parte de las búsquedas sobre esta ley tienen que ver con lo que todos llaman «DICOM», es decir, los informes comerciales de deudas. La Ley 19.628 tiene un título entero, el III, para ese tema.

El artículo 17 enumera qué obligaciones económicas se pueden comunicar: letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados, y el incumplimiento de mutuos hipotecarios y de créditos de bancos, financieras, cooperativas, casas comerciales y otras entidades que la ley nombra. Y enumera qué deudas no se pueden comunicar: las de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, las de educación superior y del crédito con aval del Estado, las contraídas para recibir un servicio educacional, las de salud con prestadores públicos o privados y las de autopistas concesionadas. Tampoco se pueden publicar los protestos y morosidades originados durante el período de cesantía del deudor, con las condiciones que fija el mismo artículo.

El artículo 18 pone el límite de tiempo: en ningún caso pueden comunicarse esas deudas después de cinco años desde que la obligación se hizo exigible, ni después de pagada o extinguida por otro modo legal. Y el artículo 19 obliga al acreedor que recibe el pago a avisarlo, a más tardar dentro de siete días hábiles, a quien comunicó el protesto o la morosidad.

La Ley 21.719 agrega una regla que muchos van a agradecer: los responsables deberán suprimir de sus registros toda la información relativa a obligaciones prescritas, sin necesidad de que nadie lo pida.

Sanciones de la Ley 19.628 hoy

La ley vigente no tiene multas administrativas ni una autoridad que las aplique al sector privado. Su sistema descansa en los tribunales.

Si el juez acoge una reclamación del artículo 16, fija un plazo para cumplir y puede aplicar una multa de una a diez unidades tributarias mensuales, o de diez a cincuenta UTM si se trata de infracciones a los artículos 17 y 18, los de deudas. El retardo en entregar la información o hacer la modificación que ordenó el tribunal se castiga con multa de dos a cincuenta UTM.

Lo que más pesa es el artículo 23: el responsable del banco de datos debe indemnizar el daño patrimonial y moral que cause por el tratamiento indebido de los datos, además de eliminarlos, modificarlos o bloquearlos. El monto lo fija el juez prudencialmente, según las circunstancias y la gravedad de los hechos.

Por eso, durante más de veinticinco años, para una pyme el riesgo real no fue una multa sino el reclamo del cliente afectado y el costo de explicarle por qué sus datos estaban donde no debían. La Ley 21.719 cambia eso. Si te preocupa ese costo, mira también qué cubre un seguro de ciberseguridad.

Ley 19.628 y 21.719: qué cambia el 1 de diciembre de 2026

La Ley 21.719 no deroga la 19.628: la reescribe por dentro. Según su artículo primero transitorio, las modificaciones entran en vigencia «el día primero del mes vigésimo cuarto posterior» a su publicación, es decir, el 1 de diciembre de 2026.

Hay un punto que conviene tener presente al planificar. El 1 de septiembre de 2026 ingresó al Senado un proyecto del Ejecutivo (boletín 18.623-07) que propone postergar esa fecha al 1 de diciembre de 2027. Al 21 de octubre de 2026 sigue en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado, con urgencia de discusión inmediata, y no es ley. Así que la regla honesta es esta: la reforma entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026, salvo que se apruebe la prórroga en trámite. Antes de cerrar tu plan, revisa el estado del boletín en el sitio del Senado.

Lo que cambia, en lo que más le importa a una empresa:

tema	Ley 19.628 hoy	con la Ley 21.719
Autoridad	No hay autoridad administrativa para privados; se va a tribunales	Agencia de Protección de Datos Personales, que fiscaliza, resuelve reclamos y sanciona (art. 30)
Derechos	Información, modificación, eliminación y bloqueo	Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo (art. 4)
Plazo para responder	Dos días hábiles antes de poder ir al juez	Treinta días corridos, prorrogables una vez por treinta (art. 11)
Bases de licitud	Consentimiento escrito o autorización legal	Consentimiento, obligación legal, contrato, interés legítimo y defensa de derechos (arts. 12 y 13)
Seguridad	Deber general de diligencia (art. 11)	Medidas de seguridad proporcionales al riesgo, con seudonimización y cifrado como ejemplos (art. 14 quinquies)
Filtraciones	Sin deber de aviso	Reporte a la Agencia y, en ciertos casos, a los afectados (art. 14 sexies)
Datos sensibles	Lista abierta del art. 2 g)	Lista ampliada: situación socioeconómica, afiliación sindical o gremial, datos biométricos, orientación sexual, identidad de género (art. 2 g)
Multas	De 1 a 50 UTM, por el juez	Hasta 5.000, 10.000 o 20.000 UTM según gravedad (art. 35)
Ámbito	Tratamiento en Chile	También responsables extranjeros que ofrecen bienes o servicios a personas en Chile (art. 1 bis)

Además, la reforma trae principios escritos (licitud y lealtad, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia y confidencialidad, en su artículo 3), un deber de protección desde el diseño y por defecto (artículo 14 quáter), un deber de publicar la política de tratamiento en el sitio web (artículo 14 ter) y la evaluación de impacto para tratamientos de alto riesgo (artículo 15 ter).

Derechos ARCO en la Ley 21.719

Con la reforma, los derechos dejan de ser cuatro y pasan a ser seis, y el procedimiento se ordena.

• Acceso (artículo 5): confirmar si tus datos se están tratando y obtener los datos, su origen, la finalidad, los destinatarios, el plazo de conservación y, si hay decisiones automatizadas, información significativa sobre la lógica aplicada.
• Rectificación (artículo 6): corregir datos inexactos, desactualizados o incompletos.
• Supresión (artículo 7): eliminar los datos cuando ya no son necesarios, cuando revocaste el consentimiento, cuando se obtuvieron ilícitamente, cuando están caducos o por orden judicial, de la Agencia o de la ley, con excepciones como el cumplimiento de un contrato o una obligación legal.
• Oposición (artículo 8): oponerte a un tratamiento específico, por ejemplo al marketing directo.
• Portabilidad (artículo 9): recibir tus datos en un formato electrónico de uso común y llevarlos a otro responsable, cuando el tratamiento es automatizado y se basa en tu consentimiento.
• Bloqueo (artículo 8 ter): suspender temporalmente el tratamiento mientras se resuelve una solicitud de rectificación, supresión u oposición. No hay que confundirlo con el bloqueo del carnet en el Registro Civil, que explicamos en qué hacer si te robaron el carnet.

La solicitud se presenta por escrito al correo, formulario o medio que el responsable haya fijado para ese fin (artículo 11). El responsable debe acusar recibo y pronunciarse dentro de treinta días corridos, prorrogables una vez. Si deniega, debe fundarlo y avisarte que tienes treinta días hábiles para reclamar ante la Agencia; si no responde, puedes reclamar directamente. La rectificación, la supresión y la oposición son siempre gratuitas, y el acceso lo es al menos una vez por trimestre (artículo 10).

El artículo 8 bis agrega un derecho que se va a usar cada vez más: oponerte a decisiones basadas sólo en tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que te produzcan efectos jurídicos o te afecten significativamente, con derecho a una explicación y a intervención humana. Cómo se cruza con la inteligencia artificial lo vemos en inteligencia artificial y protección de datos.

Sanciones de la Ley 21.719

La reforma cambia la escala. El artículo 34 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas, y el artículo 35 fija las multas: amonestación escrita o multa de hasta 5.000 UTM para las leves, hasta 10.000 UTM para las graves y hasta 20.000 UTM para las gravísimas.

Algunos ejemplos que conviene tener a la vista:

• Leve (artículo 34 bis): no publicar la información que exige el deber de transparencia, no tener un correo o medio de contacto operativo para los titulares, o responder fuera de plazo.
• Grave (artículo 34 ter): tratar datos sin base de licitud o para una finalidad distinta, cederlos sin consentimiento cuando hace falta, vulnerar el deber de secreto, incumplir las obligaciones de seguridad, omitir las comunicaciones o registros de una vulneración de seguridad, o hacer transferencias internacionales contra la ley.
• Gravísima (artículo 34 quáter): vulnerar el secreto sobre datos sensibles, tratar o ceder a sabiendas datos sensibles o de niños contra la ley, u omitir deliberadamente la comunicación de una vulneración de seguridad.

Si una empresa que no es de menor tamaño reincide en infracciones graves o gravísimas, la multa puede llegar al 2 % o al 4 % de sus ingresos anuales del último año. Las sanciones quedan anotadas por cinco años en el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, que es público (artículo 39). Y la indemnización sigue abierta: el artículo 47 obliga a reparar el daño patrimonial y extrapatrimonial.

Para las pymes hay dos alivios. El artículo sexto transitorio permite a la Agencia, durante los primeros doce meses de vigencia, aplicar a las empresas de menor tamaño una amonestación por escrito en vez de multa. Y el artículo 14 septies obliga a la Agencia a fijar estándares de seguridad y de información diferenciados según el tamaño de la empresa, el tipo de datos y el volumen que trata.

Qué ordenar en tu empresa antes de la entrada en vigencia

Con esos cambios, la lista de tareas de una organización chica es bastante concreta. Es la que usaríamos para revisar una oficina de cinco personas.

tarea	qué hacer	norma
1. Inventario	Anotar qué datos guardas, de quién, dónde y para qué	Ley 21.719, art. 14 ter d)
2. Base de licitud	Para cada uso, saber si se basa en consentimiento, contrato, ley o interés legítimo	Arts. 12 y 13
3. Política publicada	Publicar en tu sitio web la política de tratamiento, con fecha y versión	Art. 14 ter
4. Canal de solicitudes	Un correo o formulario que alguien revisa, con un registro de fechas	Arts. 10 y 11
5. Pedir sólo lo necesario	Revisar formularios y borrar lo que ya no sirve	Art. 3 c)
6. Seguridad	Accesos por persona, contraseñas, respaldos y reglas sobre qué sale de la oficina	Art. 14 quinquies
7. Secreto	Cláusula de confidencialidad para trabajadores y colaboradores	Ley 19.628, art. 7; Ley 21.719, art. 14 bis
8. Proveedores	Contrato escrito con quien trata datos por tu cuenta	Art. 15 bis
9. Plan para filtraciones	Saber a quién avisar y cómo registrar el incidente	Art. 14 sexies

El punto 6 incluye una pregunta que hace cinco años nadie se hacía: qué datos se pueden pegar en un chat de inteligencia artificial. Y el punto 9 tiene su propia guía, filtración de datos personales: qué hacer, porque es lo que más cambia con la reforma.

La Ley 19.628 y la inteligencia artificial

Ni la Ley 19.628 ni la 21.719 mencionan la inteligencia artificial, y no hace falta. Pegar la carpeta de un cliente en ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini es tratar sus datos y comunicarlos a una empresa que los procesa y, muchas veces, los conserva en servidores fuera de Chile.

Con la ley de hoy, ese gesto choca con tres artículos a la vez. El artículo 9 dice que los datos se usan sólo para la finalidad con que se recolectaron, y el cliente no te los dio para que terminaran en un chat. El artículo 7 obliga a guardar secreto. Y el artículo 11 te hace responsable de los daños si no los cuidaste con la debida diligencia. Si eres abogado, súmale el secreto profesional.

Con la reforma, la pregunta se vuelve más precisa: qué base de licitud tiene ese envío, si el proveedor actúa como mandatario con contrato (artículo 15 bis), si hay transferencia internacional (artículos 27 y 28) y si mandaste sólo lo necesario (artículo 3 c). Si un cliente ejerce su derecho de acceso, la respuesta honesta tendrá que incluir a ese proveedor entre los destinatarios.

Un ejemplo de lo que llega al chat

Así es una solicitud típica que alguien de una empresa pegaría tal cual en un chat para que le ayude a contestar:

Cliente: Fernanda Quezada Llanquileo
Correo: cliente@example.com
Nos pide copia de todos los datos que tenemos de ella y que no le sigamos mandando ofertas.

Y esto es lo que llega al chat después de pasarlo por Nonimo, copiado tal cual:

Cliente: [PERSONA_1]
Correo: [CORREO_1]
Nos pide copia de todos los datos que tenemos de ella y que no le sigamos mandando ofertas.

Para redactar la respuesta a una solicitud de acceso y de bloqueo, la IA no necesita saber quién es la clienta ni cuál es su correo. Lo que importa para el principio de finalidad es justo eso: el dato que no hace falta para la pregunta no tiene por qué salir de tu computador.

Lo que hace Nonimo

Nonimo es una app para Windows y Mac que trabaja en tu computador antes de que el texto llegue al chat. Seleccionas el fragmento, presionas la tecla que elegiste y los datos personales se cambian por etiquetas como [PERSONA_1]. Cuando copias la respuesta y presionas la misma tecla, cada etiqueta vuelve a su valor en tu pantalla. A Nonimo no le llega tu texto.

En textos chilenos tapa los datos que identifican a la persona, como el nombre, el correo, el celular, la dirección o el RUT. El detalle está en la página de seguridad.

Si lo que tienes que compartir es un archivo, las herramientas web tapan los nombres, correos, teléfonos y direcciones de un PDF, un Word, un Excel, un PowerPoint o un CSV, y te lo devuelven listo.

Nonimo no reemplaza tu política de privacidad ni tus contratos. Lo que hace es resolver el paso que más fácil se olvida: que un dato que nadie necesitaba termine en un servidor que no conoces.

La Ley 19.628 según tu actividad

Cada oficio tiene su punto débil, y casi siempre es el documento que circula todos los días.

• Estudios jurídicos. Demandas, contratos y correos con la contraparte llevan nombres, domicilios y datos patrimoniales, y además están bajo secreto profesional. Lo vemos en estudios jurídicos.
• Contadores. Liquidaciones de sueldo, carpetas tributarias y declaraciones llevan datos del cliente y de sus trabajadores. Tienen su página para contadores.
• Médicos y centros médicos. La ficha clínica es dato sensible por definición, y la Ley 20.584 la protege además de la 19.628. Lo contamos en médicos y centros médicos.

Fuentes

Consultadas el 21 de octubre de 2026.

• Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, DO 28-ago-1999. Texto en LeyChile. Artículos 1, 2, 4, 6 a 13, 15 a 19 y 23.
• Ley 21.719, regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, DO 13-dic-2024. Texto en LeyChile. Artículo primero permanente (arts. 1 bis, 2, 3 a 11, 12 a 15 ter, 17, 27, 28, 30, 34 a 39 y 47 de la Ley 19.628 reformada) y artículos primero, tercero y sexto transitorios.
• Proyecto que modifica la Ley 21.719 (prórroga), boletín 18.623-07. Ficha de tramitación del Senado. Ingresó el 1-sep-2026; primer trámite constitucional.
• Constitución Política de la República, artículo 19 Nº 4, en el texto de la Ley 21.096. Texto en LeyChile.
• ChileAtiende, ficha 112661, solicitud de derechos ARCO ante el Consejo para la Transparencia. Página oficial.

Esta guía resume la ley y no reemplaza la asesoría de un abogado.